Marcela Rodríguez Cuéllar, abogada y asesora del Ministerio de Igualdad y Equidad, analiza la situación de la mujer en Colombia y reflexiona sobre la necesidad de generar espacios de liderazgo donde puedan influir en la transformación social del país.
Colombia ha logrado avances significativos en las últimas décadas en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, aunque aún persisten importantes brechas por cerrar, según ONU Mujeres. El país ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, además de desarrollar un marco legal sólido para garantizar la igualdad y la protección de sus derechos.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2015 y 2019 se registraron 27.594 casos de violencia contra niñas y adolescentes. Las más afectadas fueron las de 10 a 14 años, con 9.893 casos, seguidas por el grupo de 15 a 17 años, con 7.491 casos. En 2021, se reportaron 978 feminicidios, y en el 40% de los casos, los responsables fueron parejas, exparejas, familiares o personas cercanas a las víctimas.
Las crisis humanitarias en Colombia agravan las múltiples formas de violencia basada en género, como la violencia y la explotación sexual, muchas veces vinculadas al reclutamiento infantil. Este problema afecta principalmente a niñas, adolescentes y mujeres, aunque también a algunos hombres y niños. En 2022, más de dos millones de mujeres y niñas fueron víctimas de violencia de género, y 330.000, en su mayoría indígenas y afrodescendientes de la región del Pacífico, se enfrentaron un nivel de riesgo extremo. Quienes sufren múltiples formas de discriminación –por desplazamiento, discapacidad, LGTBIQ+ u origen étnico– están aún más expuestas.
El conflicto armado ha intensificado esta violencia, afectando a mujeres de todas las edades con amenazas, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, esclavitud sexual, violaciones y embarazos forzados. Más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en este contexto, y más de 57.000 han sufrido desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011, alrededor de 2.700.000 mujeres fueron desplazadas, representando el 51% del total de la población desplazada. Además, el 15,8% de ellas ha sido víctima de violencia sexual. Las mujeres indígenas y afrocolombianas han sido especialmente afectadas, representando el 65,5% de los 3.445 homicidios registrados en estas comunidades.
Garantizar una paz equitativa y sostenible
En 2016, Colombia firmó un acuerdo de paz con las FARC-EP, el primero en el mundo en incluir un enfoque de género con medidas específicas para reparar el daño sufrido por mujeres y personas LGTBIQ+. Durante el período 2018-2022, el Gobierno adoptó 51 indicadores de género para implementar el acuerdo de paz. Según informes oficiales, 13 indicadores se han cumplido completamente y 17 muestran avances significativos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar una paz equitativa y sostenible.
En lo personal, como mujer, me siento comprometida con esta realidad. El liderazgo femenino en la Administración pública y la construcción de paz ha sido el eje central de mi trayectoria profesional. Creo firmemente que la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones no solo es un asunto de justicia, sino una estrategia eficaz para la gobernanza democrática, la paz y el desarrollo sostenible.
Desde el ámbito legislativo en Colombia, he trabajado en la formulación e implementación de normas claves para la paz. Como asesora en el Congreso de la República, participé en el procedimiento legislativo especial para la paz, que dio origen a las leyes y actos legislativos que desarrollan el Acuerdo Final. Además, contribuí en la estructuración de iniciativas como la Consulta Popular Anticorrupción y la promoción de la paridad de género en las elecciones.
Acuerdo de Paz
La implementación territorial del Acuerdo de Paz ha sido un desafío para Colombia. Como Directora de Paz y Reconciliación en la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, lideré iniciativas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), adaptando este modelo a la realidad urbana de Bogotá y priorizando su aplicación en las localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar y Bosa.
Estos programas facilitaron la inversión en infraestructuras, educación y proyectos productivos para víctimas del conflicto y comunidades vulnerables, particularmente mujeres, sobre las que el conflicto cae desproporcionadamente. Además, participé en la implementación de programas de justicia restaurativa y procesos de reincorporación de firmantes de paz en Bogotá, fortaleciendo el compromiso con la no estigmatización de quienes han decidido volver a la sociedad civil.
También dirigí la implementación de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador (TOAR), en articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz y los comparecientes del conflicto, promoviendo acciones restaurativas que contribuyeran a la reconciliación social. Asimismo, trabajé en el fortalecimiento del Consejo Distrital de Paz, un espacio de diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno de Bogotá, asegurando la participación efectiva de sectores tradicionalmente excluidos. Paralelamente, consolidé la Mesa Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Paz en Bogotá, impulsando una agenda en la que las mujeres desempeñan un papel clave en la consolidación de la paz territorial.
Políticas públicas y equidad de género
En la Secretaría Distrital de la Mujer, tuve la oportunidad de diseñar e implementar políticas públicas que promovieran la equidad de género. Lideré la estructuración del Sistema Distrital de Cuidado, una estrategia innovadora para reducir la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado que recae sobre las mujeres, permitiéndoles acceder a oportunidades laborales y educativas. También diseñé el Decreto 332 de 2020, que fomenta la contratación de mujeres en sectores históricamente masculinizados y promueve su inclusión en la economía formal. Además, participé en el diseño e implementación de herramientas de inclusión laboral y de capacitación interactiva para las mujeres, garantizando su autonomía económica.
En el marco de la Maestría en Género y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid, participé como investigadora en el Instituto de Estudios en Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) en España, donde elaboré un análisis de género en la investigación sobre el triple nexo: acción humanitaria, desarrollo y paz. Además, presenté la experiencia de las mujeres constructoras de paz en Colombia en el evento de Mujeres, Paz y Seguridad de Yemen organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Actualmente, como asesora en la Dirección de Cuidado del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, trabajo en el diseño e implementación del primer Sistema Nacional de Cuidado, una iniciativa que busca garantizar el reconocimiento, la redistribución y la reducción de las cargas de trabajo de cuidado. Con este proyecto, estamos facilitando la participación de las mujeres en el mercado laboral y en los espacios de toma de decisiones, marcando un avance significativo en la igualdad de género y el bienestar social.
En el ámbito académico, he desarrollado investigaciones sobre la violencia basada en género en el conflicto armado colombiano. Como auxiliar de investigación en el grupo de “Sociohumanística del Derecho”, realicé un mapeo de 136 sentencias de la Jurisdicción de Justicia y Paz, identificando patrones de macrocriminalidad y violencia sexual contra las mujeres. Además, actualmente realizo una tesis sobre mujeres, participación política y construcción de paz, analizando las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz elegidas en 2022 en el Congreso de Colombia.
Cambios estructurales y acciones sostenidas
La paz y la equidad de género son procesos interdependientes que requieren cambios estructurales y acciones sostenidas para garantizar sociedades más justas. En ese sentido, la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones no solo fortalece la democracia, sino que también permite el diseño e implementación de políticas públicas más inclusivas y eficaces de construcción de paz sostenible con un enfoque integral que garantice el acceso a derechos, reduzca desigualdades y promueva la equidad de género como eje central del desarrollo. Para avanzar en este camino, es fundamental generar espacios de liderazgo donde las mujeres podamos influir en la transformación social.
Como ya señalaba la Resolución 1325 sobre “Mujer, Paz y Seguridad” de la ONU, es cierto que la situación de las mujeres requiere una atención diferenciada durante conflictos, ya que suman más discriminaciones y violencias. Pero no es menos cierto que debemos tener un protagonismo destacado e imprescindible a la hora de construir paz y fomentar el desarrollo sostenible.
(*) Marcela Rodríguez Cuéllar es una abogada caqueteña y tolimense con una Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Cuenta con más de nueve años de experiencia profesional, siete de ellos en el sector público en entidades nacionales (Senado de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Igualdad) y distritales (Secretaría de la Mujer y Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación).
