La legislación ambiental desarrollada en Colombia permite desarrollar los mecanismos necesarios para garantizar su biodiversidad y asegurarse seguir siendo uno de los países con mayor riqueza ambiental a nivel mundial.
En un estado como Colombia, que alberga cerca del 10 % de la biodiversidad mundial y es el segundo país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, se hace más que necesario garantizar la protección del medio ambiente a través de una legislación ambiental.
Si bien existen normas medioambientales desde la década de los 50, el desarrollo de legislaciones orientadas a estos fines tuvo unos de sus puntos de inflexión en 1991 con la nueva Constitución Política, la cual redimensionó la protección medioambiental dándole la categoría de derecho colectivo.
Estas normativas se reforzaron tras la Conferencia de la ONU de Río de Janeiro en 1992 sobre medio ambiente y desarrollo, tras la que nació la Ley 99 de 1993 que creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Ministerio del Medio Ambiente como ente rector, dos de las principales entidades gubernamentales que velan por el medioambiente en Colombia junto al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
¿Cuáles son las legislaciones ambientales más importantes en Colombia?
Además de la protección que puedan brindar los organismos gubernamentales, el sector privado y las ONG a través de un trabajo mancomunado, Colombia cuenta con una serie de legislaciones ambientales establecidas para proteger la amplia biodiversidad, fomentar la gestión sostenible de los recursos naturales y enfrentar el cambio climático.
En este sentido, las principales legislaciones en materia de medio ambiente en Colombia son:
Ley 2 de 1959
Esta Ley que dicta normas sobre “economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales no renovables”, busca el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre y establece las zonas forestales protectoras y los bosques de interés general.
Ley 23 de 1973
Legislación por la que “se le conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones”.
Tal y como se recoge en el artículo 1, su principal objetivo es el de prevenir y hacer frente a la contaminación medioambiental, así como favorecer la conservación y recuperación de los recursos naturales renovables.
Resolución 1023 de 2005
En esta resolución se adopta el uso de guías ambientales; es decir, documentos de orientación en materia ambiental para el desarrollo de proyectos u obras, donde se definen criterios y requisitos técnicos para elaborar y presentar estudios de impacto ambiental.
Las mismas se aplican al sector de hidrocarburos, energía, agrícola, industrial y transporte, entre otros.
Ley 1333 de 2009
A través de esta norma legal “se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
La finalidad de esta Ley es regular los procedimientos para poner multas relacionadas con asuntos medioambientales y otras medidas de carácter administrativo y sancionador.
Decreto 3930 de 2010
Esta norma se encarga de reglamentar el uso de los recursos hídricos y los residuos líquidos, así como el ordenamiento del recurso hídrico, los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.
Ley 1672 de 2013
Con esta normativa se “establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1658 de 2013
Mediante esta Ley se determinan disposiciones tanto para comercializar como usar el mercurio en las diversas actividades industriales que se dan en el país, dejando claros los requisitos para su uso, así como estableciendo incentivos para reducir su uso.
Resolución 631 de 2015
Con esta Ley se marcan los “parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. Cabe mencionar que la misma no aplica para vertidos al suelo o al mar.
Ley 1844 de 2017
A través de esta legislación se aprueba el Acuerdo de París, adoptado en esta ciudad francesa el 12 de diciembre de 2015. Mediante esta norma se pretende regular el cambio climático y generar medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
Resolución 2254 de 2017
Esta resolución implanta normas relativas a la calidad del aire y/o niveles de inmisión. Igualmente establece disposiciones sobre la gestión del aire en el territorio nacional para garantizar un ambiente sano y reducir riesgos para la salud humana.
Ley 1931 de 2018
Por medio de esta Ley se marcan las directrices para la gestión del Cambio Climático, a través del establecimiento de una serie de regulaciones y prohibiciones fijadas para la conservación y uso racional de los recursos naturales. De igual manera, establece que cualquier tipo de proyecto o iniciativa que pueda dañar al medio ambiente deberá conseguir anticipadamente una licencia ambiental.
Resolución de 2210 de 2018
Legislación mediante la que se “reglamenta el uso del Sello Minero Ambiental Colombia”. Su finalidad es asegurar que este tipo de actividades se hacen atendiendo y cumpliendo las normas nacionales e internacionales.
Ley 1964 de 2019
A través de esta norma se incentiva el uso de coches eléctricos en Colombia.
Aplicación de las legislaciones ambientales
Contar con legislaciones específicas que protejan la diversidad ambiental de un país como Colombia es básico para garantizar su riqueza ecológica, pero también lo es contar con profesionales que sepan interpretar y aplicar estas normativas.
Es importante tener en cuenta que, además de estos reglamentos citados de carácter nacional, existen otras normativas locales o regionales que deben tenerse en cuenta antes de empezar un proyecto, por lo que es recomendable que sea un profesional del Derecho el que aborde estas regulaciones.
Ante esta diversidad normativa es recomendable contar con una titulación en materia de Derecho Ambiental como la que aporta la Maestría en Derecho Ambiental, de UNIR Colombia, que permite estar al día de las últimas regulaciones y proponer soluciones jurídicas adecuadas a todos los retos que se presentan en la actualidad.
