El Foro UNIR analizó los cambios introducidos por la Superintendencia de Sociedades, sus consecuencias para las empresas colombianas y las nuevas competencias que necesitan los profesionales jurídicos.
La nueva regulación del compliance en Colombia obliga a numerosas empresas a revisar sus sistemas de prevención de riesgos, reforzar sus controles internos y acreditar que cumplen realmente sus obligaciones. La integración de los mecanismos contra el lavado de activos y la corrupción supone un cambio importante para las organizaciones y para los profesionales encargados de supervisarlas.
El Foro UNIR dedicado al cumplimiento normativo empresarial analizó las modificaciones presentadas en julio de 2026 por la Superintendencia de Sociedades, que reorganizan en el capítulo IX de su Circular Básica Jurídica la gestión de riesgos anteriormente abordados mediante SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). El encuentro examinó las consecuencias de esta integración, los nuevos requisitos y los desafíos de su aplicación.
En el encuentro participaron Liliana Gutiérrez de Piñeres, CEO de Lemaitre Consultores; Mauricio Gómez, consultor jurídico de la misma firma; y Alcestes Cervera Martín, coordinadora del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa de UNIR.
“No puedes hacer cumplimiento si tú no eres capaz de cumplir”, advirtió Liliana Gutiérrez de Piñeres. Para la especialista, el reto consiste en comprender la cultura de cada organización, adaptar los mecanismos de control a su realidad y conseguir que los profesionales actúen por convicción, no únicamente por miedo a una sanción.
Cinco claves del Foro UNIR
- Unificación de los sistemas: La nueva circular integra la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno. “Ya no van a tener dos matrices de riesgos, dos manuales, dos comités, sino que lo vamos a integrar”, explicó Liliana Gutiérrez.
- Nuevas empresas obligadas: La modificación de los umbrales económicos y la eliminación de determinados requisitos adicionales obligan a revisar qué organizaciones deben aplicar el sistema. También se amplían los sectores incluidos en el régimen de medidas mínimas.
- Cumplimiento demostrable: Ya no basta con disponer de manuales y documentos. Las empresas necesitan evidencias auditables de que sus controles funcionan y deben conservar la documentación exigida durante diez años.
- Mayor profesionalización: El oficial de cumplimiento debe acreditar formación, experiencia y actualización periódica. Además, se refuerzan los requisitos de independencia, autonomía y acceso a los órganos de gobierno.
- Cultura preventiva: Mauricio Gómez destacó que Colombia todavía necesita superar una visión reactiva del derecho empresarial. El objetivo debe ser anticipar riesgos y evitar irregularidades antes de que aparezcan.
- Inteligencia artificial: La IA puede acelerar investigaciones, verificaciones de antecedentes y procesos de debida diligencia. Sin embargo, Alcestes Cervera recordó la necesidad de contrastar siempre la información y utilizar estas herramientas con criterio ético.
Una regulación más exigente
Uno de los principales cambios explicados por Liliana Gutiérrez de Piñeres es la integración de dos ámbitos tradicionalmente gestionados por separado: la prevención del lavado de activos y la lucha contra la corrupción. La especialista recordó que ambos fenómenos están estrechamente relacionados, porque los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas pueden necesitar mecanismos corruptos para introducirse en los circuitos económicos.
Esta integración permite reorganizar los controles y evitar duplicidades administrativas. Las empresas pueden trabajar con matrices de riesgos, procedimientos y mecanismos de supervisión coordinados, en lugar de mantener estructuras independientes para problemas que comparten numerosas conexiones.
Sin embargo, simplificar la estructura no significa reducir las exigencias. Gutiérrez explicó que también cambian los criterios para determinar qué empresas están obligadas, con nuevos umbrales económicos expresados en unidades de valor básico y modificaciones en los requisitos de acceso al régimen. Por ello recomendó a las organizaciones revisar inmediatamente su situación antes de iniciar cualquier adaptación.
La especialista también destacó el endurecimiento de la debida diligencia empresarial. La revisión de contrapartes ya no debe limitarse únicamente a identificar participaciones societarias, sino que también debe considerar a quienes ejercen control directo o indirecto sobre las decisiones de una organización, aunque no posean una participación significativa en su capital.
El nuevo oficial de cumplimiento
La transformación regulatoria también modifica las expectativas sobre el profesional encargado de supervisar estos sistemas.
Liliana Gutiérrez explicó que el oficial de cumplimiento necesita acreditar conocimientos especializados, experiencia, formación periódica y capacidad para actuar con independencia. Entre los cambios expuestos destacó la exigencia de contar con un titular y un suplente, así como las incompatibilidades con determinados cargos de administración, auditoría o control.
Pero la cuestión más importante no es únicamente documental. La especialista defendió que estos profesionales deben disponer de autoridad suficiente para acceder directamente a la junta directiva, investigar posibles irregularidades y gestionar sus recursos sin depender de las personas cuya actuación podrían tener que revisar.
“No puedes nombrar a un perfil de analista como oficial de cumplimiento y ponerlo a reportar”, explicó. El puesto exige responsabilidad, capacidad de influencia y autonomía real para intervenir cuando aparecen riesgos, incluso cuando estos afectan a miembros de la alta dirección.
Alcestes Cervera coincidió en la necesidad de elevar la especialización jurídica. El asesor de empresa debe conocer diferentes ámbitos normativos, desde el derecho societario y mercantil hasta el laboral o contractual, pero quien decide dedicarse al compliance necesita profundizar además en prevención de riesgos, documentación, supervisión y comunicación con las autoridades.
De cumplir normas a prevenir riesgos
Mauricio Gómez introdujo una reflexión sobre el grado de madurez del compliance en Colombia. Aunque el país lleva años desarrollando sistemas de prevención, consideró que todavía existe un recorrido importante para consolidar una verdadera cultura de cumplimiento.
El consultor señaló que tradicionalmente muchos profesionales jurídicos han trabajado desde una perspectiva reactiva: intervienen cuando aparece un conflicto, una reclamación o un incumplimiento. Los nuevos sistemas exigen precisamente lo contrario, anticiparse a las situaciones que pueden generar responsabilidad para la empresa.
Esta transformación también explica por qué el compliance no pertenece exclusivamente al ámbito jurídico. Gómez destacó que su desarrollo en Colombia ha incorporado conocimientos procedentes de distintas profesiones, desde la gestión empresarial hasta las finanzas, la auditoría o el análisis de riesgos.
Liliana Gutiérrez añadió que una de las competencias más difíciles de encontrar es la capacidad para comprender rápidamente la cultura de una organización. “Necesitamos esa flexibilidad para entender las compañías”, explicó. El profesional no puede limitarse a imponer procedimientos: debe conocer cómo funciona el negocio y conseguir que los controles se incorporen a su actividad cotidiana.
La IA entra en el compliance
La inteligencia artificial aplicada al derecho ocupó también una parte importante del debate. Mauricio Gómez explicó que estas tecnologías ya están contribuyendo a agilizar tareas de debida diligencia, consulta de antecedentes y revisión de información sobre clientes, proveedores y otras contrapartes.
El consultor señaló que su firma trabaja en el desarrollo de una herramienta propia para gestionar estos procesos. Su utilidad reside especialmente en automatizar búsquedas y verificaciones repetitivas, permitiendo que los profesionales dediquen más tiempo a interpretar resultados y valorar posibles riesgos.
Alcestes Cervera introdujo, sin embargo, una advertencia. Durante una consulta relacionada con el derecho colombiano, una herramienta de IA le proporcionó una referencia legislativa incorrecta. Cuando la profesora cuestionó la respuesta, el sistema reconoció el error. El ejemplo demuestra por qué estas tecnologías pueden apoyar la investigación, pero no sustituir la verificación jurídica.
La coordinadora también defendió incorporar formación tecnológica y ética a los estudios jurídicos. Los profesionales necesitan comprender tanto las posibilidades de la IA como sus limitaciones, especialmente cuando trabajan con información sensible, contratos, procedimientos empresariales o decisiones que pueden generar responsabilidades legales.
Prepararse para mayo de 2027
El encuentro también dejó una hoja de ruta para las empresas afectadas por la nueva regulación. Según explicó Liliana Gutiérrez, el periodo de transición presentado durante el foro establece el 31 de mayo de 2027 como fecha límite de implementación.
Antes de ese momento, las organizaciones deberán revisar si continúan sujetas al régimen, identificar las diferencias entre sus procedimientos actuales y los nuevos requisitos, actualizar matrices de riesgos, reforzar la debida diligencia y adaptar sus políticas sobre donaciones, conflictos de interés, relaciones con funcionarios públicos y apoyo a campañas políticas.
La especialista recordó que la aprobación de estos cambios debe involucrar a los órganos de gobierno. No basta con remitir documentación: la junta directiva debe conocer las obligaciones, pronunciarse y dejar constancia formal de sus decisiones. También necesita formación para comprender los riesgos sobre los que está decidiendo.
Una nueva cultura empresarial
El Foro UNIR mostró que la evolución del compliance en Colombia va más allá de una actualización de requisitos administrativos. Las empresas necesitan demostrar que sus sistemas funcionan, mientras los profesionales deben combinar conocimientos jurídicos, independencia, capacidad de análisis y habilidades para influir en las decisiones de la organización.
Esta transformación también abre nuevas oportunidades de especialización. El Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas de UNIR, coordinado por Alcestes Cervera Martín, aborda diferentes ámbitos del derecho empresarial, la gestión de riesgos y la responsabilidad de las organizaciones, con una formación basada en casos prácticos.
La nueva normativa plantea, en definitiva, un cambio de enfoque: pasar de disponer de documentos que acrediten formalmente el cumplimiento a construir una cultura de prevención capaz de detectar irregularidades, proteger a las organizaciones y reducir los riesgos de corrupción y lavado de activos.
