Los derechos indígenas en Colombia son fundamentales para reconocer y proteger la diversidad cultural, promover la inclusión y el respeto a las comunidades indígenas.
La diversidad en Colombia no solo está asociada a su imponente riqueza natural sino que, además, está marcada por una amplia diversidad biológica, donde los indígenas siguen siendo los grandes representantes; pero, en una sociedad como la actual, ¿se siguen respetando los derechos indígenas?
Las comunidades indígenas, ubicadas dentro del amplio territorio colombiano, están protegidas por la Constitución Política de 1991. En ella se reconoce la diversidad étnica del país y se garantiza el acceso a las comunidades indígenas en la vida pública y política de Colombia, permitiendo, por ejemplo, su entrada en el Congreso de la República.
Los pueblos indígenas de Colombia en la actualidad
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 identificó que existe 1.905.617 de población que pertenece a 115 pueblos indígenas nativos, frente a los 93 identificados en el Censo General de 2005. Estos 22 pueblos adicionales corresponden a nuevos reconocimientos étnicos o pueblos indígenas de zonas fronterizas.
En la actualidad los pueblos indígenas son uno de los grupos que más se ven inmersos en desafíos como los conflictos y la presencia de grupos armados, los cuales amenazan su autonomía, identidad cultural, sistemas de gobierno, territorio…
Sin embargo, en los últimos años se ha ido produciendo un cambio y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas se ha ido fortaleciendo, como con el reconocimiento de nuevos pueblos indígenas y el aumento de la población.
Principales derechos indígenas en Colombia
La base de todos los derechos son los derechos humanos; derechos recibidos básicamente por el hecho de existir como personas.
Estos se adquieren independientemente de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición, y varían desde los más básicos —como el derecho a la vida— hasta los derechos a la educación, salud y la libertad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, se convirtió en el primer documento que estableció la protección universal de los derechos humanos fundamentales y, desde entonces, otras muchas normativas y legislaciones han surgido para proteger a todos sin distinción.
Los indígenas encuentran sus derechos amparados a través de diferentes normas tanto nacionales como internacionales. Por una parte destaca la Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., y por otra la Constitución política de 1991 que ampara y garantiza los derechos indígenas en numerosos artículos tales como:
Artículo 7
Artículo donde se “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”.
Artículo 8
Establece la obligación que tiene el Estado de encargarse de proteger la riqueza cultural de la nación.
Artículo 9
Este artículo reconoce el respeto de la autodeterminación de los pueblos.
Artículo 58
Mediante esta norma se garantiza el derecho a la propiedad privada, ordenando al Estado proteger e impulsar formas solidarias y asociativas de propiedad.
Artículo 63
Se reconoce que las tierras comunales y de resguardo de los grupos étnicos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Artículo 70
Establece la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana y que el Estado debe reconocer “la igualdad y la dignidad de todas las culturas que conviven en el país”.
Artículo 72
Este artículo decreta que el patrimonio, en materia de cultura, está bajo el amparo del Estado. En este mismo apartado se hace mención a la protección a los valores culturales y sociales representados en las comunidades indígenas que aún viven en el país.
Artículo 246
Establece que las autoridades indígenas podrán “ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”.
Artículo 286
Señala que los territorios indígenas son entidades territoriales.
Artículo 287
Consagra las competencias relativas a la autonomía territorial, las que deberán ser desenvueltas con sujeción a la Constitución y la ley.
La formación: clave para proteger los derechos indígenas en Colombia
Para poder afrontar los desafíos relacionados con los derechos indígenas en Colombia y favorecer la inclusión plena es fundamental contar con una formación especializada como la Maestría en Derechos Humanos de UNIR Colombia. Una maestría virtual, basada en conocimientos teóricos y prácticos, con la que ser capaz de proponer soluciones a problemas relacionados con la defensa de los derechos humanos.
Esta titulación, que responde a la alta demanda de perfiles de esta clase impulsada por la transformación social, permite obtener conocimientos sobre normativa y su aplicación práctica y orientar la actividad profesional en asociaciones, instituciones y organizaciones nacionales o internacionales (tanto gubernamentales como privadas), ya sea desde el campo de la abogacía o como asesores legales.
