El Foro UNIR reunió a especialistas en derecho ambiental y gobernanza tecnológica para analizar cómo el crecimiento de las infraestructuras digitales está transformando la gestión pública y la planificación territorial.
Entrenar GPT-3 requirió aproximadamente 700.000 litros de agua y los centros de datos ya consumen cerca del 1,5% de la electricidad mundial. Son cifras que ayudan a comprender una realidad incómoda: detrás de cada consulta a la inteligencia artificial existe una infraestructura física con un importante impacto ambiental. La nube, después de todo, no flota en el cielo. Está hecha de cables, servidores, energía y agua.
Con este punto de partida, el Foro UNIR abordó la relación entre inteligencia artificial y sostenibilidad, una cuestión especialmente relevante para países como Colombia, donde el crecimiento de la economía digital convive con debates sobre transición energética, gestión de recursos naturales y atracción de inversiones tecnológicas.
La sesión contó con la participación de María Pascual Núñez, investigadora del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT); Rafael Fernando Vega Pozuelo, docente de la Maestría en Derecho de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo; y Esther Renedo Santamaría, coordinadora de la Maestría en Derecho Ambiental.
“La inteligencia artificial solo será coherente con la transición ecológica si incorpora el análisis de ciclo de vida como criterio ambiental exigible para su despliegue”, afirmó María Pascual. Una reflexión que resume el principal desafío planteado durante el encuentro: cómo aprovechar el potencial de la IA sin ignorar los costes ambientales que genera.
Cinco claves del Foro UNIR
- Impacto ambiental de la IA: El crecimiento de los centros de datos implica un aumento significativo del consumo energético y de agua. “La huella ecológica del despliegue tecnológico es extraordinaria”, explicó María Pascual.
- Gobernanza tecnológica: La regulación actual se centra principalmente en mercado, seguridad y protección de datos, mientras que la dimensión ambiental sigue teniendo un desarrollo limitado.
- Planificación territorial: La ubicación de infraestructuras digitales debe responder a criterios de disponibilidad energética, recursos hídricos y sostenibilidad territorial. “La ordenación territorial debe ser anticipatoria”, señaló Rafael Vega.
- Economía circular: El reto no se limita al consumo energético, sino también al uso de minerales críticos, equipos tecnológicos y residuos electrónicos. “La sostenibilidad del futuro depende de mantener los recursos en uso durante más tiempo”, destacó Vega.
- Administración inteligente: La IA puede ayudar a gestionar autorizaciones ambientales, evaluar riesgos y mejorar la planificación de recursos naturales.
- Desarrollo regional: América Latina tiene la oportunidad de impulsar capacidades propias en inteligencia artificial adaptadas a sus necesidades sociales, económicas y jurídicas.
Colombia ante la expansión de los centros de datos
Uno de los temas que despertó mayor interés fue el papel que puede desempeñar Colombia en el nuevo mapa global de la infraestructura digital. Actualmente el país cuenta con decenas de centros de datos y continúa atrayendo inversiones vinculadas a la economía digital.
El debate resulta especialmente relevante porque coincide con iniciativas relacionadas con la transición energética, el fortalecimiento de capacidades tecnológicas nacionales y el desarrollo de infraestructuras digitales estratégicas. La pregunta de fondo es sencilla de formular y difícil de resolver: ¿cómo atraer inversión tecnológica sin comprometer los recursos naturales?
Rafael Vega defendió que el problema no debe plantearse como una elección entre crecimiento económico y protección ambiental. Según explicó, los territorios que ofrecen seguridad jurídica, planificación y reglas claras suelen ser también los más atractivos para las inversiones de largo plazo.
“Las inversiones más sólidas llegan donde existen mejores normas”, sostuvo. Desde esta perspectiva, el desafío no sería reducir la regulación, sino construir marcos jurídicos capaces de ofrecer certidumbre tanto a las empresas como a la sociedad.
El gran reto ambiental de la IA
La intervención de Esther Renedo permitió profundizar en los impactos ecológicos asociados al desarrollo tecnológico. Más allá del consumo eléctrico de los centros de datos, la expansión de la IA exige una enorme cantidad de recursos materiales.
La fabricación de servidores, procesadores y dispositivos requiere minerales críticos como litio, cobalto y tierras raras. Su extracción genera efectos ambientales significativos y abre nuevas dependencias geopolíticas en torno al acceso a materias primas.
A ello se suma el problema de los residuos electrónicos. La renovación constante de equipos y la rápida evolución tecnológica reducen los ciclos de vida útiles de muchos dispositivos, generando un volumen creciente de residuos que también debe ser gestionado.
“La inteligencia artificial consume agua, consume energía y consume materiales”, recordó Renedo. Una afirmación que obliga a ampliar la mirada más allá del software y considerar toda la cadena de valor que hace posible el funcionamiento de estas tecnologías.
Una regulación que todavía tiene vacíos
María Pascual analizó la evolución de la normativa europea sobre inteligencia artificial y destacó que la protección ambiental todavía ocupa un papel secundario dentro de los principales marcos regulatorios.
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial incorpora referencias al potencial de la IA para mejorar la gestión ambiental, pero centra gran parte de sus disposiciones en aspectos relacionados con el mercado interior, la protección de datos, la seguridad y los derechos fundamentales.
La investigadora definió esta situación como un “agujero verde”, una metáfora que utiliza para describir la ausencia de mecanismos específicos que obliguen a evaluar de manera integral los impactos ambientales de estas tecnologías.
Aun así, también señaló algunos avances interesantes. Entre ellos, iniciativas que incorporan evaluaciones ambientales de los sistemas de IA, exigencias relacionadas con eficiencia energética o análisis de riesgos asociados al consumo de recursos.
Aliada del medio ambiente
El foro no se limitó a analizar riesgos. Los expertos también destacaron el enorme potencial de la inteligencia artificial para mejorar la gestión ambiental.
Los sistemas inteligentes permiten procesar grandes volúmenes de información, interpretar datos complejos y generar modelos predictivos útiles para la toma de decisiones. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en ámbitos como la ordenación territorial, la gestión forestal o la prevención de riesgos naturales.
María Pascual mencionó ejemplos concretos relacionados con el seguimiento de fenómenos meteorológicos extremos, la evaluación ambiental de proyectos, la monitorización de ecosistemas o la planificación de recursos naturales.
En un contexto marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos, disponer de herramientas capaces de anticipar riesgos y mejorar la gestión pública puede convertirse en una ventaja estratégica para las administraciones.
Construcción de capacidades propias
Otro de los debates relevantes giró en torno a la necesidad de fortalecer las capacidades regionales en inteligencia artificial. Rafael Vega defendió la importancia de impulsar ecosistemas tecnológicos propios adaptados a las realidades latinoamericanas.
El profesor destacó iniciativas orientadas al desarrollo de modelos lingüísticos y tecnológicos diseñados para responder a contextos sociales, culturales y jurídicos específicos de la región. No se trata necesariamente de competir con las grandes plataformas globales, sino de construir autonomía tecnológica y capacidad de adaptación.
Para lograrlo, señaló, resulta imprescindible invertir en universidades, investigación, talento especializado e infraestructuras digitales. En otras palabras, crear las condiciones necesarias para que la región participe activamente en el desarrollo de estas tecnologías y no solo en su consumo.
Una transición digital con criterio ambiental
La expansión de la inteligencia artificial plantea una paradoja evidente. Puede convertirse en una herramienta decisiva para afrontar desafíos ambientales complejos, pero al mismo tiempo genera impactos que no pueden ignorarse.
Por eso, los expertos coincidieron en que la clave estará en integrar criterios de sostenibilidad ambiental desde el diseño mismo de las infraestructuras, los sistemas y las políticas públicas. La discusión ya no gira únicamente en torno a cuánto puede hacer la inteligencia artificial, sino a cómo hacerlo de manera responsable.
En ese escenario, programas como la Maestría en Derecho Ambiental, la Maestría en Derecho de la Energía y Transición Energética o la Maestría en Derecho de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo de UNIR responden a una demanda creciente de profesionales capaces de comprender los retos jurídicos, territoriales y ambientales que acompañan la transformación tecnológica.
Porque la inteligencia artificial seguirá creciendo. La cuestión es si seremos capaces de construir un modelo digital compatible con los límites ecológicos del planeta. Y esa respuesta dependerá tanto de la tecnología como de las decisiones humanas que la acompañen.
